De la que nos salvamos

Por Henry Alvis Cuevas

El pasado 30 de Julio EL MERIDIANO DE CORDOBA publicó un artículo sobre un debate que se efectuó en el Concejo Municipal de Montería sobre el contrato de concesión del servicio de Alumbrado Publico en la capital del departamento.

En dicho debate se cuestionaron varios puntos a saber: a) El servicio de Alumbrado Público es el más caro de los servicios públicos. b) Ha habido varios otrosíes al contrato en los cuales se beneficia más al concesionario. c) No hay claridad ni con el servicio ni con el recaudo de la tasa en la zona rural. d) El municipio terminó financiando al concesionario. e) No hay claridad en el alcance del contrato en cuanto al plan de expansión del servicio.

Este debate surge por la queja generalizada de la comunidad por la alta tarifa (15%) del consumo; es decir, que un abonado estrato 3 que paga aproximadamente $150.000 de energía, saldría pagando por alumbrado público $22.500. También la queja de los ediles por las tantas gabelas dadas al concesionario en perjuicio del municipio, a tal punto que según sus cuentas el concesionario se gana cerca de 600 millones de pesos mensuales –más de 50%- lo cual lo pone por encima del promedio de las empresas más exitosas del país que sólo adquieren utilidades por debajo del 30%.

En Montelíbano se alcanzó a firmar este mismo contrato y por casualidad con la misma empresa concesionaria a finales del año 2000 por un valor mensual de 62 millones de pesos durante 25 años, pero además, se le daban al concesionario los excedentes financieros del recaudo; es decir, si se recaudaba más de los 62 millones de pesos, todo iba para el concesionario y si no, el municipio tenía que responderle al concesionario por lo menos por $62 millones mensuales.

Lo curioso era que los llamados excedentes se acercaban a una suma superior a $180 millones mensuales provenientes de la tarifa impuesta a Cerromatoso; para entonces en un 2% del valor de su consumo de energía. ¿Cuánto sería hoy después de la segunda línea y cuánto después de la tercera y cuarta línea hoy muy cerca de su construcción? Otra cosa hubiera sido si estos excedentes quedaran en el municipio, pero no, según el contrato iban para las arcas del dueño de la concesión.

En este contrato, la expansión del servicio en los nuevos barrios a partir de la firma del contrato era por cuenta del municipio; la inversión del concesionario era sólo de 700 millones los cuales lo invertirían en un término de dos años.

En el año 2001, un grupo de concejales entre los cuales me encontraba yo, cuestionamos el contrato por considerarlo leonino para los intereses de la comunidad y del municipio mismo, ya que éste era el responsable ante el contratista de cancelarle los $62 millones así no se recaudaran, pues surgió la queja de Cerromatoso, quien se negaba a pagar la tarifa que le fue impuesta y con toda seguridad sin su concurso era imposible recaudar el valor mensual del contrato ya que para entonces el recaudo no era superior a $20 millones mensuales.

Esto significaría más adelante que el concesionario reclamaría el equilibrio económico del contrato y le tocaría al municipio aumentar las tarifas a los usuarios a niveles que hoy nos tendrían como están los monterianos: ad portas de una reclamación civil de incalculables proporciones.

Ante la inquietud de los concejales de entonces, el alcalde, Cerromatoso y otras personalidades iniciamos una cruzada para impedir el inicio del contrato en esas condiciones, por lo cual fue demandado el acuerdo municipal del año 2000 que autorizaba al alcalde a imponer tarifas para el impuesto del alumbrado público, acuerdo que era la base o fundamento jurídico del contrato de concesión. Este acuerdo era inconstitucional puesto que los concejales no pueden delegar la función de establecer tarifas de impuestos.

Afortunadamente el alcalde de entonces, el señor Mariano Cura no firmó el acta de inicio del contrato y se procedió vía Acuerdo Municipal establecer las nuevas tarifas del Alumbrado Público, teniendo en cuenta un previo estudio técnico realizado por una firma especializada. El nuevo acuerdo municipal estableció tarifas acorde con las posibilidades económicas de la comunidad y para los usuarios no regulados como Cerromatoso así: 10% del valor del consumo en las ciudadelas y 30 salarios mínimos mensuales vigentes por la mina. Hoy, Cerromatoso debe estar pagando aproximadamente 45 millones de pesos mensuales y la comunidad cerca de 30 millones; lo que significa que debemos estar recaudando anualmente cerca de 1.000 millones de pesos, con lo cual la administración debería prestarnos un excelente servicio y con expansión asegurada.

Con la acción de los concejales de entonces -Iván Tapia, Jairo Marchena, Pedro Vergara, Everlides Zabaleta, Diana Hernández, Amalio Paternina, Edwin Carriazo, Jesús Gómez, Lúber Romero, Manuela Vergara, José Mora, Benjamín Pérez, Luís Arango, Alberto Ruiz y mi persona- ganó Montelíbano por librarse de una obligación aniquilante, la comunidad por librarse de onerosos impuestos, Cerromatoso porque aquella tarifa inflaría sus costos de producción –hoy estaría pagando más de $300 millones mensuales que iban a parar al concesionario y no al municipio- y el comercio y los empresarios porque se libraron de una mayor carga tributaria.

Es cierto que los servicios públicos cuando los presta una empresa privada mejoran, pero casi siempre están ahogando al usuario. En Montelíbano, este servicio lo puede prestar el municipio de una manera eficaz y eficiente y es hora que lo haga puesto que están dadas las condiciones para hacerlo. Viendo la actualidad de las concesiones de alumbrado Público y frente a los problemas que tienen nuestros vecinos de Montería, Caucasia, Cereté y otros como Barranquilla, podemos concluir como lo sugiere el título de esta columna: DE LA QUE NOS SALVAMOS, tanto municipio como comunidad, Cerromatoso y comerciantes.